La audiencia de hoy domingo por el caso Calamar de corrupción durante el gobierno de Danilo Medina escuchará a los detenidos exministros de Hacienda Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2020, y otros siete apresados que quieren eludir la prisión preventiva y que se les conceda prisión domiciliaria.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, pero, al margen de responsabilidades políticas, no existe acusación formal contra el expresidente como encubridor, beneficiado y peor como cabecilla o autor intelectual.
El Ministerio Público reveló que los primeros 10 acusados de presunta corrupción en la operación Calamar que se presentaron este viernes ante la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero admitieron las acusaciones, algunos hablaron de «mafia» y se mostraron dispuestos a colaborar con las investigaciones.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo tras el aplazamiento de la audiencia para este domingo que esas primeras diez personas «tendrán que devolver dinero recibido ilícitamente» de querer beneficios procesales.
También están arrestados y acusados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña.
Asimismo, los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
Camacho expresó, además, que el Ministerio Público decidió, ante la colaboración de los 10 acusados, variar la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva contra ellos y requerir solamente arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica.
«Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo que podemos calificar de llanamente asombroso por varias razones, una de ellas es que los 10 acusados que tuvieron este viernes la oportunidad presentarse ante el tribunal han admitido los hechos, o sea el 50 % de los acusados», dijo Camacho al término de la audiencia de ese día.
Wilson Camacho, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Foto Mery Ann Escolástico
Aseguró que esas confesiones son consecuencia directa de la «contundencia» de la investigación y de las pruebas «irrefutables» que la sustentan.
«A partir de este momento, los imputados han dicho que seguirán colaborando con el Ministerio Público», agregó Camacho.
«Ninguno» contra Gonzalo Castillo
Por otra parte, la abogada Laura Acosta, una de las integrantes de la barra de la defensa de Gonzalo Castillo, reafirmó la inocencia de su defendido y aseguró que «ninguno» de los acusados que hablaron al tribunal el viernes implicaron a su cliente en las acusaciones del Ministerio Público.
«Aunque las declaraciones de esas personas no son legalmente válidas, tampoco las supuestas pruebas del Ministerio Público vinculan a Gonzalo Castillo en las acusaciones», agregó la letrada.
Mientras, el abogado Wellington Cabrera, que defiende al acusado Agustín Ávila, reveló que su cliente colaboró con el Ministerio Público y que estos acuerdos deberán ser aprobados por la jueza Romero.
Asimismo Norbert Rondón, defensor del detenido abogado Ángel Lockward, dijo que no podía ofrecer declaraciones en torno a su defendido porque este se lo pidió.
«Hay que esperar que la jueza hable sobre el particular, no puedo ofrecer más declaraciones porque estaría faltando a la ética y a mi cliente, quien me ha pedido no ofrecer declaraciones hasta que se pronuncie la jueza», justificó Rondón, habitualmente muy dado a ofrecer declaraciones a la prensa.
Fuente: Acento
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