El 8 de enero miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el Congreso, el Palacio presidencial y la Corte Suprema.
La Fiscalía General de Brasil pidió la condena de los primeros 40 acusados de haber perpetrado el intento de golpe de Estado del 8 de enero contra el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
La solicitud de la fiscalía general fue elevada al Supremo Tribunal Federal, que está juzgando la actuación de los golpistas que asaltaron en Braslia la casa de Gobierno, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
En total, hay 1 290 procesados que están siendo juzgados por la alta corte acusados formalmente de varios delitos vinculados al intento de derrocar el Estado de Derecho vigente.
En este primer bloque, la fiscalía general pide la condena de 40 personas por los delitos de asociación delictiva armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado con violencia y amenaza grave, con uso de sustancia inflamable, contra el patrimonio de la Unión y con daños considerables para la víctima. Las penas, en caso de estar juntas, pueden sumar los 30 años de prisión, informó la Fiscalía General.
En los alegatos finales, los fiscales indican que “la forma en que actuaron los invasores demostró, por un lado, la estructura del grupo criminal y, por otro, la fragilidad de la contención impuesta por la policía de Brasilia”. Los acusados, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), pedían al Ejército dar un golpe de Estado aprovechando la toma de los poderes públicos.
El principal acusado hasta el momento es el exministro de Justicia de Bolsonaro Anderson Torres, en prisión domiciliaria, quien en el momento de los hechos era el secretario de Seguridad de Brasilia y está imputado por haber liberado la zona de policías para permitir el asalto a los edificios.
Fuente Telesur
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