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Por Becker Márquez Bautista
Recientemente sostuve un conversatorio con un amigo economista. Analizábamos el panorama mundial y la geopolítica, tocando temas de gran relevancia, entre ellos lo ocurrido en Francia. Coincidíamos en que los políticos y los gobiernos no se están dando cuenta de la bomba de tiempo que tienen a punto de estallar: la sociedad dominicana está cansada de tanto pagar impuestos sin saber a dónde van a parar.
El pueblo dominicano se está cansando del saqueo sistemático por parte de la clase política tradicional, sin importar siglas ni colores partidarios; la mayor parte de la carga tributaria se esfuma en los bolsillos de la clase política gobernante mientras el pueblo se debate en la precariedad. Lo sucedido en Francia no es solo una crisis coyuntural, es el estallido inevitable del hartazgo social al ver cómo una casta privilegiada vive en la opulencia a costillas del sacrificio ciudadano. Las actuales protestas y disturbios que sacuden a Francia están impulsadas por una confluencia de sectores estudiantiles, sindicatos de trabajadores y el movimiento de los «chalecos amarillos», que ha regresado con fuerza a las calles, reactivando las históricas movilizaciones contra las políticas del gobierno. Este espíritu de protesta que hoy recorre las calles europeas es, en el fondo, el mismo grito ahogado del trabajador dominicano que asiste impotente al colmado: el padre de familia que ve cómo su sueldo se desvanece ante el alto costo de la canasta básica, los abusos en la tarifa eléctrica, los combustibles caros y una red de impuestos camuflados que asfixian el bolsillo del ciudadano de a pie. Este rechazo ya es un fenómeno global, y en la República Dominicana se manifiesta abiertamente en todas las encuestas, donde se refleja una profunda y peligrosa desafección hacia los partidos políticos y sus cúpulas dirigenciales.
El crecimiento sostenido de la opción del «ninguno» en las mediciones de favorabilidad no debe ser tomado a la ligera ni minimizado como simple apatía; es imperativo analizarlo con la máxima profundidad y comprender las consecuencias reales que este nivel de hartazgo desatará en el futuro cercano. Si los gobernantes ignoran esta señal de alerta, las consecuencias sociales podrían ser imprevisibles, rompiendo de golpe la paz y la estabilidad institucional que tanto costo ha tenido construir.
El 59% de la población rechaza a los partidos políticos y, por ende, a su liderazgo, según los estudios demoscópicos que reflejan con precisión la radiografía del momento. Amigo lector, imaginemos por un momento: ¿qué pasaría si ese 59% de la población decidiera lanzarse a las calles a reclamar y a expresar la indignación, la rabia y el repudio ante el saqueo sistemático que están aguantando?
El fantasma de la ira social que hoy recorre las calles de Europa y sacude a naciones como Francia no es ajeno a nuestra realidad caribeña; es el reflejo idéntico de una ciudadanía hastiada de promesas incumplidas, desigualdad y privilegios obscenos. En la República Dominicana, la paciencia del pueblo se agota peligrosamente frente a una clase política sorda que sigue administrando el Estado de espaldas a los ciudadanos. Jugar con la miseria y el sacrificio fiscal de las grandes mayorías es avivar la chispa que encenderá un polvorín social de proporciones catastróficas, donde el orden establecido podría derrumbarse bajo el peso de la indignación popular.
Hay que parar ya los privilegios desmedidos para los amigos y compañeritos de partido a costa del erario público. ¡Cuidadito, señores políticos! Están a un paso de pisar el botón que detonará el estallido social en la República Dominicana.
No podemos olvidar referentes históricos de nuestra propia memoria colectiva: desde la emblemática «poblada» que sacudió al país del 23 al 25 de abril de 1984 bajo el gobierno de Salvador Jorge Blanco, hasta las contundentes huelgas generales y paros nacionales que paralizaron casi al 100 % el comercio y el transporte durante la grave crisis económica entre noviembre de 2003 y enero de 2004, sin dejar de lado la huelga nacional del 11 de julio de 2011 contra el alto costo de la vida. El pueblo dominicano sabe lo que significa reclamar en las calles cuando la carga se vuelve insostenible.
La ciudadanía ya no cree en promesas, y ese profundo desencanto es totalmente legítimo. La supuesta lucha contra la corrupción se ha convertido en la estratagema perfecta de una élite para seguir confundiendo a la población. Mientras el relato oficial insiste en que las instituciones no son un botín, en la práctica se las reparten como pizza entre círculos de amiguismo y aduladores de turno.
El pueblo ya no aguanta más. La clase política tiene una oportunidad histórica: autorregularse, desmontar sus privilegios y pactar un verdadero plan de Estado junto al sector productivo para desarrollar la nación sin saquear el futuro. De lo contrario, si insisten en cerrar los ojos ante la miseria colectiva, que no se equivoquen ni subestimen la historia: cuando las vías institucionales se cierran y la justicia social se secuestra, los pueblos terminan cobrándose las cuentas por las malas.
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