El director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, también indicó que los seguidores del expresidente planeaban hace un año asesinar al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, durante la asonada golpista.
El Gobierno de Jair Bolsonaro hizo espionaje interno mediante la agencia nacional de inteligencia (ABIN) contra 30 000 opositores y guardó los datos recabados ilegalmente en una nube de almacenamiento ubicada en Israel, denunció el actual director jefe de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues.
El comisario, explicando sobre la investigación de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reveló parte de una investigación adyacente que terminó en la detención de dos personas y allanamientos en la sede de la ABIN, la central de espionaje del Estado brasileño.
La herramienta israelí
Según Rodrigues, la ABIN utilizó el software FirstMile para hacer espionaje ilegal a unas 30 000 personas, entre ellas jueces, políticos y periodistas. “Estos datos de las personas, ciudadanos brasileños que fueron monitoreados, estaban siendo almacenados en la nube en Israel, porque la empresa responsable de esta herramienta es israelí”, señaló. “La característica es que todas eran con opiniones contrarias al Gobierno de Bolsonaro”, remarcó.
El programa informático permitía, sin protocolo oficial, rastrear los movimientos de hasta 10 000 usuarios por año con solo digitalizar su número de teléfono. “La herramienta de espionaje, cuando se utiliza con regularidad, permite el seguimiento a través de la invasión de dispositivos. No se trata sólo de monitoreo de antenas. Es decir, se realiza un seguimiento telefónico de señales –no de datos ni mensajes– que indican la ubicación exacta de estas personas. Y luego, cruzando información, es posible suponer quién estuvo con quién y en determinadas circunstancias”, afirmó el comisario.
El 20 de octubre pasado, la Policía Federal arrestó a dos exagentes de la ABIN de Bolsonaro por espionaje, al acusarlas de hacer uso indebido del sistema de geolocalización como medio de coerción indirecta para evitar su despido. Esta operación ocurrió cuando el hoy diputado del Partido Liberal Alexandre Ramagem, miembro de la Policía Federal, estuvo al mando de la ABIN durante la gestión de gobierno bolsonarista. Ramagem es el candidato de Bolsonaro a intendente de Río de Janeiro en las elecciones municipales de octubre.
El sistema con el que se hizo espionaje ilegal pertenece a la empresa israelí Cognyte, contratado por el gobierno de Michel Temer (2016-2018) –por algo más de 1 millón de euros– para que lo usara en la intervención federal en Río de Janeiro en 2018 el general Walter Braga Netto, quien fue candidato a vice de Bolsonaro en las elecciones de 2022 que ganó Lula, luego de haber sido jefe de gabinete y ministro de Defensa.
Ante el descrédito de la ABIN durante los últimos años, una de las primeras decisiones que adoptó el nuevo Gobierno de Lula fue apartar a los militares de la agencia y hacerla dependiente del Gabinete de la Presidencia. La decisión, planteada durante el periodo de transición debido a la impronta bolsonarista de muchos de sus miembros, acabó por acelerarse tras los ataques del 8 de enero a las instituciones, en medio de sospechas y acusaciones de connivencia por parte de los militares.
Planes de asesinato
Rodrigues también reveló que la Policía Federal logró detectar en las redes sociales los planes de asesinato que bolsonaristas, que participaron de los actos golpistas del 8 de enero, planificaron contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.
Justamente Moraes mencionó, en una entrevista, que uno de los planes de los seguidores del expresidente era derrocar a Lula con el Ejército y asesinarlo ahorcándolo en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. “Había tres planes. El primero preveía que las Fuerzas Especiales del Ejército me detendrían un domingo y me llevarían al cuartel de Goiania (capital del estado de Goiás, vecino a Brasilia). En el segundo ellos pensaban matarme en el camino y abandonar el cuerpo. El tercer plan indicaba que, después de concretado el golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, yo debería ser detenido y ahorcado en la Plaza de los Tres Poderes”, narró el magistrado.
El magistrado afirmó que esos planes demostraban el nivel de agresividad y odio de los radicales de extrema derecha que invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo con el objetivo de incentivar una intervención militar para derrocar al actual mandatario. “Hay una causa preliminar que investiga también la participación de la ABIN para que siguiera mis pasos sin necesidad de realizar una detención. Era algo que ya esperaba de golpistas criminales. Me mantuve tranquilo, nada de eso ocurrió, estoy bien”, añadió.
De Moraes fue, desde el inicio del Gobierno de Bolsonaro, blanco de críticas por parte de la ultraderecha brasileña, a raíz de que lleva adelante una causa contra las fake news en las redes sociales y otras tres en las cuales está siendo investigado el expresidente. En 2023 el magistrado encabezó el Tribunal Superior Electoral, órgano que condenó a la inhabilitación hasta 2030 de Bolsonaro para presentarse a elecciones por haber cometido delitos contra el sistema electoral, siendo jefe del Estado, para diseñar un supuesto fraude en su contra en las elecciones vencidas por Lula.
Fuente Pagina12
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