SANTIAGO.— Con palabras que resonaron como campanas cívicas, el presidente de la Circunscripción 1 de la Fuerza del Pueblo en Santiago, licenciado Hipólito Martínez, calificó como “patriótica, democrática, popular y legítima” la Marcha del Pueblo, escenificada el pasado domingo en la capital dominicana.
Martínez, un catedrático universitario de verbo firme, describió la multitud como “un río humano que salió desde los barrios y ciudades del país para reclamar su derecho a vivir con dignidad”.
De acuerdo con Martinez, la manifestación fue una expresión cívica, pacífica y profundamente ciudadana, donde cada paso dado en el asfalto fue un grito contra el hambre y el desorden administrativo que, según denuncian, golpea el espíritu nacional.
El también periodista y escritor apuntó que la marcha condensó los clamores cotidianos: el alto costo de la vida que muerde los bolsillos de la gente, la inseguridad que desvela, los apagones que oscurecen la esperanza y el deterioro de los servicios públicos que marchita la paciencia del pueblo.
Tal como lo reseñaron diversos medios de comunicación nacionales, la actividad fue una demanda colectiva por soluciones urgentes de los males que afectan al pueblo dominicano
Martínez subrayó que la Constitución de la República, en sus artículos 47, 48 y 49, abre como un abanico los derechos de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión, reconociendo a toda persona su facultad de organizarse, manifestarse sin permiso previo y levantar su voz sin censura alguna.
“Las constitución es la brújula que guía la convivencia democrática”, recordó.
Asimismo, explicó que los partidos políticos son engranajes esenciales del sistema democrático dominicano y, por tanto, tienen el derecho y el deber de participar en protestas cuando la salud del país así lo exija.
En tono firme, advirtió que la Fuerza del Pueblo permanecerá en las calles, defendiendo a la gente y sus derechos a vivir en mejores condiciones.
Aseguró que la reciente marcha fue popular, luminosa y pacífica, una estampa ciudadana que reclama al gobierno garantías para una vida más justa.
El también abogado eiteró que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por leyes orgánicas, conforme señala la Carta Magna.
Por ello, ninguna unidad administrativa de la JCE puede, según expresó, transformar, mediante un simple acto de alguacil, una manifestación cívica en propaganda electoral ni restringir el ejercicio legítimo de la protesta social.
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