Bajo la consigna “Que todos se levanten, que nadie se quede atrás” autoridades indígenas se movilizan pacíficamente por el Centro Histórico ante las acciones de funcionarios antidemocráticos que ponen en peligro el cambio de Gobierno el próximo 14 de enero. La CC y el plantón frente al MP fueron los puntos en los que los líderes indígenas expresaron su rechazo.
Autoridades indígenas convocaron una marcha pacífica para exigir que se respete la defensa de la democracia, la alternancia del poder y rechazar la aprobación del Presupuesto para 2024 que incluye candados que obstruirán la inversión social del próximo gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo.
El punto de reunión fue a las 8:00 de la mañana frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para luego marchar pacíficamente por las principales calles y avenidas de la zona 1 hacia la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo, desde las siete de la mañana pobladores de Chichicastenango iniciaron con una caminata sobre la Avenida Bolívar con rumbo a la Plaza de los Derechos Humanos. Ahí se encontraba Arévalo, diputados electos de Movimiento Semilla, el excandidato presidencial Edmond Mulet y otros políticos que se postularon en las elecciones generales 2023 para acuerpar a las autoridades indígenas y ciudadanos que se unieron a la convocatoria.
“Exigimos nuestros derechos. En lugar que ustedes crean que han separado al pueblo vean la unión. Viene otro grupo sobre el Puente El Incienso”, dijo uno de los líderes de Chichicastenango en referencia a las autoridades entrantes y salientes de la junta directiva de los 48 Cantones que lideran la movilización en ese sector en dirección al Centro Histórico en donde se unirán con la marcha que salió de la CSJ.
“Corruptos. El pueblo tiene que seguir luchando. Ya basta de impunidad, ya basta de injusticia”, una de las autoridades indígenas.
Frente a la CSJ se reunieron pobladores y autoridades indígenas de Iximulew, Chuarrancho, el área Ixil de Quiché, Chicastenango, entre otros, así como habitantes de la ciudad.
“El pueblo unido, jamás será vencido”, se escuchó gritar a la población previo a iniciar la marcha pacífica hacia la CC en donde también expondrán sus demandas y luego se dirigirán hacia el plantón que mantienen las autoridades ancestrales desde hace 67 días frente a la sede central del Ministerio Público (MP) en la zona 1 de la ciudad.
Además, el presidente electo también tomó la palabra. “Hemos atendido la convocatoria del liderazgo indígena de las autoridades ancestrales que han sabido abrir brecha en la lucha por la democracia en nuestro país”, manifestó Arévalo a través de un megáfono. También agradeció la lucha y resistencia en defensa de la democracia y que busca derrocar a los corruptos.
“Hemos acudido a su llamado los cuatro pueblos y todos los sectores para caminar juntos por la democracia”, agregó.
Minutos después la marcha se enfiló sobre la séptima avenida en donde se observó a los ciudadanos portar banderas de Guatemala y “diablos” con las fotografías de la jefa del MP, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche” y el presidente Alejandro Giammattei.
“La primavera resiste con dignidad”, se leía en una de las pancartas. Además, las autoridades indígenas marchan con sus varas en alto. La convocatoria fue realizada por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán, las municipalidades indígenas de Sololá, Santa Lucía Utatlán y Chichicastenango, el Comité de Unidad Campesina, entre otras.
Las demandas
Desde el 02 de octubre la principal demanda de la población es el pedido de la renuncia de Porras, los fiscales Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como la del juez séptimo, Fredy Orellana por impulsar acciones judiciales en contra del partido Movimiento Semilla que llevó a la presidencia a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
El juez Orellana autorizó las investigaciones contra el Semilla, magistrados y trabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) así como en contra de los ciudadanos voluntarios que participaron en las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos. Las acciones del MP y del juez séptimo han sido calificadas como antidemocráticas por la judicialización del proceso electoral a través de la Ley del Crimen Organizado.
El 16 de noviembre, el MP volvió a presentar un nuevo caso: “Toma USAC: Botín político” en el que según analistas mantiene el mismo guion de criminalización, pero con un juez y fiscalía diferente pero que en el fondo busca afectar la toma de posesión el próximo 14 de enero de 2024. En el caso fueron detenidos seis personas: decanos, catedráticos y estudiantes universitarios que se expresaron en contra de la elección fraudulenta del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.
Once días después fueron dejados en libertad tras el pago de una multa impuesta por el juez Víctor Cruz que los ligó a proceso por los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales. Ahora, el MP tiene seis meses para realizar la investigación y presentar las pruebas para determinar si van a juicio. Pero, el caso aún es una amenaza para Arévalo y Herrera porque el MP presentó una solicitud de antejuicio en contra del binomio presidencial que también fue criminalizado en el caso Toma USAC.
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Otra de las demandas que se suma es el rechazo al retiro de la inmunidad de cuatro magistrados titulares del TSE entre ellos la expresidenta, Irma Palencia y la aprobación del Presupuesto de ingresos y egresos de la nación para 2024. Ambos aprobados en votaciones expreses del Congreso de la República.
Fuente Prensa Comunitaria
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