Este lunes comenzó en Corrientes, una provincia ubicada en el norte de Argentina, un juicio en el que 10 represores de la última dictadura militar (1976-1983) están acusados de 104 casos de secuestro y tortura, y ocho más de homicidio y desaparición de personas.
El proceso es histórico ya que es la primera vez que hay tantos imputados y víctimas en una causa por delitos de lesa humanidad en el interior del país, debido a que los juicios más abultados hasta ahora sólo se habían llevado a cabo en Buenos Aires.
Por esa razón, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajó a Corrientes para poder presenciar la primera audiencia y apoyar a los colectivos que se apostaron afuera de los tribunales.
Se prevé que el tribunal que encabeza el juez Fermín Amado Ceroleni demore por lo menos dos meses en escuchar a más de 30 testigos que develarán la manera en la que el terrorismo de Estado operó en el norte argentino, ya que el país fue dividido en regiones con mandos militares específicos.
En este caso, abarca los crímenes cometidos por miembros de la Brigada de Infantería VII que también operó en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y San Luis. Por eso es que son tantos los represores acusados.
Avances
Cuando comenzó la causa, había 21 imputados, pero como la elevación a juicio demoró, fue pasando el tiempo y varios de ellos fallecieron antes de sentarse en el banquillo de los acusados o terminaron apartados por motivos de salud.
Eso fue lo que ocurrió con los coroneles Cirys Dalmys Marcelo Feu, Juan Carlos Ibarrola y Roberto Romero Bin; el exministro de Justicia, Eduardo Ernesto Gómez; el teniente Aldo Sergio Solís Nefa; los comisarios Jorge Levatti y Oscar Maidana; y el policía Oscar Guastavino.
De esta forma, solo serán juzgados los oficiales del comando de la Brigada VII, Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán; los integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería, Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito; los espías Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi; y los exgendarmes Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Desde que los juicios de lesa humanidad se reanudaron de manera masiva en 2007, han sido condenadas 1.181 personas.
Aunque en su mayoría eran militares, también se ha demostrado la participación de policías, curas, empresarios y otros civiles en la represión que, de acuerdo con los organismos de derechos humanos, dejó un saldo de 30.000 desaparecidos.
Fuente RT
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