Juicio del caso Coral y Coral 5G se posterga nueva vez por licencias de testigos

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional exhortaron a los abogados a prepararse para interrogar a cualquiera de los testigos que esté disponible en la próxima audiencia

La continuación del juicio de fondo contra los acusados en la Operación Coral y Coral 5G fue aplazada, debido a la ausencia de dos testigos clave, quienes no pudieron presentarse en la audiencia programada para este martes.

Los testigos Ledy A. Paulino García y Roberto Reyes, ambos peritos de la Cámara de Cuentas, no pudieron asistir a la audiencia. Paulino García continúa de licencia médica por complicaciones relacionadas con su embarazo, mientras que Reyes presentó una licencia médica esta semana.

Ambos debían ser interrogados sobre los hallazgos de sus investigaciones en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

La audiencia ha sido reprogramada para el 3 de septiembre, a las 9:00 de la mañana. Ante esta situación, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por Gissel Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, decidieron a unanimidad que todos los abogados deben estar preparados para interrogar a los testigos en la próxima sesión.

«El Tribunal entiende que deben tomar medidas para evitar que este tipo de dilaciones se vuelvan reincidente y la solución es simple, todas las partes deben comparecer listas para interpelar los primeros siete testigos del orden», señaló Gissel Méndez.

Este aplazamiento se suma al ocurrido en la pasada audiencia, cuando los abogados de la parte acusada señalaron no estar preparados para interrogar a otro testigo que no fuera la perito Ledy A. Paulino García y se opusieron a cambiar el orden de los testigos.

Las juezas señalaron que las próximas audiencias se producirán con ese primer grupo de testigos del orden y los que estén disponibles, por lo cual exhortaron a los abogados a estar listos para interpelar a cualquiera de esos testigos.

«Lo que les instamos es que en la próxima jornada y en caso de que la señora Ledy A. Paulino no esté disponible y que la licencia médica de Roberto Reyes tampoco está cubierta todavía, entonces estén disponibles para interrogar a los demás testigos«, dijo Gissel Méndez.

Entre los acusados del supuesto entramado de corrupción y a quienes se les acusa haber estafado al Estado con más de 4,500 millones de pesos se encuentran:

El coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep. Es presentado por el Ministerio Público como el brazo operativo del alegado entramado de corrupción.
El general de brigada de la Fuerza Aérea, Julio C. de los Santos Viola, que ocupó el cargo de jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina cuando Adán Cácares fue arrestado en el 2021. El Ministerio Público lo acusa de comprar 11 inmuebles, cuatro de ellos a su nombre.
Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, asimilada de la Policía Nacional, conocida como la pastora Rossy, vinculada al caso por supuestamente crear junto a Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas para lavar los fondos distraídos de las instituciones públicas.
Tanner Antonio Flete, cabo de la Policía Nacional e hijo de la pastora Rossy. Según el expediente actuó como prestanombre del supuesto entramado para blanquear capitales.
General de Brigada del Ejército Boanerges Reyes Batista. Fue subjefe del Cusep hasta el 2014.
Capitán de la Armada, Franklin Antonio Mata Flores. Exdirector de Operaciones de Avanzada.
Coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Augusto Lantigua Cruz. Fue ayudante del director y encargado de raciones del Cestur.
Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada.
Coronel de la Fuerza Aérea Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Fungió como encargado de Recursos Humanos del Cestur durante el período 2014-2020.
Coronel de la Fuerza Aérea, Miguel Ventura Pichardo. Fue encargado de la División de Inteligencia.
Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea asignado al Cusep.
Teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez. Fungía como el asistente personal de Adán Cáceres.
Mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón. Fue encargado de Tesorería en el Cusep.
Primera teniente de la Fuerza Aérea, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Era sub encargada de Auditoría en el Cestur.
César Félix Ramos Ovalle, propietario de la estación de combustible La Marina. Está encartado por supuestamente simular un falso suministro de combustibles a la red. Contra él no pesa la acusación de asociación de malhechores ni testaferrato.
Esmeralda Ortega Polanco, exgerente de Banreservas. De acuerdo al expediente, facilitaba el 90 % de las operaciones financieras en la entidad bancaria a los miembros del supuesto entramado y era para la red, supuestamente, una especie de asistente financiera de Núñez de Aza.
Elida María Trinidad Santiago, suegra del general de los Santos Viola. Acusada de testaferrato.
Manuel de Jesús Alba Solano, suegro del general de los Santos Viola. Acusado de testaferrato.
Epifanio Peña Lebrón, general pensionado del Ejército. Fungió como consultor jurídico del Cusep, durante la gestión del coimputado Adán Cáceres Silvestre.
Erick Daniel Pereira, sobrino del coronel Rafael Núñez de Aza.
Lucía de los Santos Viola, hermana del general de los Santos Viola. Señalada como una de las prestanombre del entramado.
Onoris Soto de los Santos, sobrina del coimputado de los Santos.
Capitán Pedro Castillo Nolasco.
Santiago Antonio Suárez Peguero, cuñado de Adán Cáceres.
Raymel Pastor del Rosario Viola, sobrino y testaferro del general de los Santos Viola, según el Ministerio Público.
Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso de testaferrato, principalmente.