La Audiencia Provincial juzga esta semana a un Guardia Civil al que atribuye un delito de falsedad en documento oficial por haber elaborado una denuncia falsa contra una conductora, falsificando además la firma de un compañero de trabajo.
Según el escrito fiscal, los hechos se remontan al 15 de mayo de 2023 cuando el agente se encontraba de servicio de seguridad ciudadana en la Ou-508. En esa carretera, a la altura del kilómetro 10,2 dio el alto un vehículo Ford Courier conducido por una mujer, con el pretexto de que una de las ruedas del coche estaba poco hinchada.
Ocho días más tarde, el 23 de mayo, el Guardia Civil redactó un acta de denuncia en la que reflejó que la conductora se había negado a identificarse y que había insultado a los agentes diciéndoles «sodes tontos». En el documento también hizo constar que le informaron de la infracción que había cometido, que sería puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y que en la intervención había participado otro compañero de trabajo, cuya firma aparecía en el documento.
La infracción fue tramitada oficialmente a través del sistema de la Guardia Civil y remitido a la Subdelegación del Gobierno de Ourense, lo que dio lugar a un expediente sancionador por el que la mujer fue multada con 200 euros, de los que llegó a abonar 100 durante el periodo voluntario.
«El documento reseñado es mendaz. Fue elaborado por el acusado con el propósito de introducir un relato fáctico ficticio, para cuyo refuerzo se añadió la inexistente intervención de otro guardia civil», asegura el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que apunta que el 15 de mayo de 2023 «no se encontraba presente» ningún otro agente, más allá del propio acusado, por lo que la conductora «no pudo manifestar la expresión ‘sodes tontos’ en plural».
Asimismo, traslada que tampoco se le informó de la comisión de dicha infracción ni se le entregó copia del acta de denuncia en el acto. Además considera que el acusado redactó «de su propia mano» el número de su compañero, así como la firma al final del documento.
La Fiscalía considera probado que el acusado «actuó con conciencia y voluntad de trasmutar la realidad», con el fin de dar apariencia de legalidad a unos hechos inventados. Por ello solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 15 meses con una cuota diaria de 7 euros y la inhabilitación para el ejercicio profesional durante cuatro años. Asimismo deberá indemnizar la víctima con 100 euros más los intereses legales correspondientes.
Fuente EL FARO DE VIGO
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