
Los conceptos emitidos en este atículo son de exclusiba responsabilidad de su autor

Por: Williams Reynoso Sánchez
Dirigente del PRM en España / Gestor Cultural / Analista Político
En el ecosistema político dominicano, caracterizado tradicionalmente por el acaparamiento de posiciones y la reticencia a soltar la «doble teta» del Estado y el partido, la decisión de Juan de Jesús Garrigó Mejía de dimitir a su cargo como viceministro Administrativo de la Presidencia no solo sorprende, sino que sienta un precedente de prudencia, elegancia y alta responsabilidad política.
Al asumir de manera formal la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el pasado domingo 6 de septiembre —en un multitudinario e histórico acto en el Polideportivo de San Carlos donde el presidente de la República, Luis Abinader, también asumió la presidencia de la organización—, Garrigó tenía el camino institucional despejado para continuar en la función pública.
La solidez jurídica y estatutaria de la decisión
Desde el rigor del marco normativo, la decisión de Garrigó Mejía adquiere una relevancia aún mayor. Si bien el Artículo 144 de la Constitución de la República Dominicana prohíbe el desempeño simultáneo de más de un cargo remunerado en la administración pública (salvo la docencia), la dirección de un partido político no constituye un puesto estatal ni una nómina del erario.
Asimismo, en el plano legislativo, ni la Ley No. 41-08 de Función Pública —cuyo Artículo 80 limita el activismo político solo dentro de las jornadas laborales— ni la Ley No. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral prohíben que un directivo partidario desempeñe una alta función ejecutiva en el Gobierno. De igual forma, los Estatutos del PRM no tipifican una incompatibilidad explícita entre ocupar la Secretaría General y un viceministerio.
La historia reciente del partido oficialista respalda esa convivencia: José Ignacio Paliza presidió la organización de manera simultánea mientras ejercía la alta responsabilidad de ministro Administrativo y, posteriormente, ministro de la Presidencia. Sin embargo, Garrigó prefirió no escudarse en el vacío legal ni apelar a la costumbre. Optó por el deslinde ético, separando de forma voluntaria la gestión estatal de la dirección partidaria para volcar el 100 % de su tiempo y energía en la estructura del partido con miras al 2028.
La distinción institucional con el caso de Carolina Mejía
El paso al costado de Garrigó genera un interesante contraste con la trayectoria de su madre, Carolina Mejía, quien ocupó la Secretaría General del PRM desde 2018 hasta estos días en que entregó la antorcha a su hijo. Durante gran parte de su gestión partidaria, Carolina ejercía en paralelo la Alcaldía del Distrito Nacional.
No obstante, la diferencia entre ambos escenarios es fundamental desde la óptica constitucional: mientras la plaza de Carolina responde a un mandato popular emanado del voto directo en las urnas —el cual no se abandona a la ligera sin alterar la voluntad soberana del electorado—, la función de Juan Garrigó en el Viceministerio de Gestión Social y Comunitaria dependía de una designación por decreto presidencial. Reconocer esa frontera entre un cargo de elección popular y un nombramiento discrecional del Ejecutivo habla bien del fino olfato y el rigor institucional del nuevo secretario general.
Identidad de origen: «Yo soy el nieto de Hipólito y el hijo orgulloso de Carolina»
Frente a una vibrante multitud de líderes y dirigentes perremeístas en el Polideportivo de San Carlos, las primeras palabras de Juan Garrigó resonaron con fuerza y obligaron a los presentes a ponerse de pie al exclamar: «Yo soy el nieto de Hipólito Mejía y el hijo orgulloso de Carolina Mejía». Con astucia discursiva y sentido de pertenencia, el joven dirigente procedió a enumerar a los fundadores del PRM y viejos robles del ruedo político: se definió como sobrino de Jesús «Chu» Vásquez, de Milagros Ortiz Bosch, de Guido Gómez Mazara y de José Ignacio Paliza.
Este no fue un simple despliegue de orgullo familiar; fue un dardo teledirigido con alta factura política hacia aquellos sectores que, desde la ligereza del debate, pretenden descalificar su ascenso catalogándolo como un mero producto del nepotismo o del «peso del apellido». Garrigó dejó en claro que es un cuadro político criado, formado y templado desde niño en el fragor de la militancia.
Quienes tienen memoria histórica recuerdan haberlo visto siendo apenas un niño en el Congreso Nacional aquel 16 de agosto del 2000 durante la toma de posesión de su abuelo, asistiendo puntualmente a las rendiciones de cuentas de aquel cuatrienio, y madurando al lado de su madre cuando juró como alcaldesa de la capital en 2020. Juan Garrigó no es un pinito nuevo ni una improvisación de laboratorio. Al contrario: ha sido un estratega silencioso del partido, desempeñándose como técnico clave en las mesas de alta ingeniería política para las alianzas electorales del 2020 y 2024.
Un espejo incómodo para los precandidatos presidenciales
Más allá de la mística partidaria, el verdadero impacto de su renuncia al viceministerio radica en la alta vara ética que le impone a la clase política de cara al 2028. Garrigó les ha colocado un espejo sumamente incómodo a los ministros y directores generales que hoy barajan pretensiones presidenciales: si el secretario general de la organización renuncia voluntariamente a las plataformas y comodidades del aparato estatal para blindar la equidad orgánica del partido, ¿con qué moral objetiva pretenden los demás precandidatos promover sus proyectos individuales utilizando la estructura, los presupuestos y la logística de sus respectivos ministerios?
Ajedrez interno y acuerdos de estabilidad
Tampoco hay que pecar de ingenuos en el análisis estratégico. Su perfilamiento natural como la ficha idónea para suceder a su madre en la boleta municipal y competir por la Alcaldía del Distrito Nacional es una lectura obligada en los mentideros políticos. Este paso a tiempo completo en el partido debe interpretarse como parte de los inevitables equilibrios de la alta dirigencia oficialista para garantizar la cohesión del bloque. Asegurar espacios clave para el relevo generacional sirve para mantener la estabilidad y, folclóricamente hablando, evitar que el expresidente Hipólito Mejía decida, ante cualquier desplante, echarle «la pasta de jabón entera al sancocho» sucesorio del 2028.
Sea cual sea la filigrana interna, lo innegable es que Juan de Jesús Garrigó Mejía ha ejecutado una jugada madura, coherente y apegada al espíritu de las leyes. Al desprenderse del cargo gubernamental y apelar a su vasta preparación y linaje orgánico, gana el activo más valioso de la política moderna: la autoridad moral para exigir cancha justa y arbitraje transparente a quienes aspiran a dirigir los destinos de la nación.







