Exigen libertad de detenidos y abolición de las altas condenas

A dos meses de la matanza en Ayacucho, el Ejército peruano identificó a 2 capitanes, 12 sargentos, 9 suboficiales, 22 cabos y 7 soldados del Servicio Militar Voluntario (SMV), quienes cumplieron funciones en las zonas donde fueron asesinados 10 ciudadanos el 15 de diciembre del 2022, según información entregada por el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Wari.

Según reveló el diario La República, los integrantes de las patrullas del Ejército que estuvieron ese día en las zonas de conflicto pronto serán interrogados por el despacho de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, responsable de las diligencias del caso. El informe también menciona que fue el comandante general de brigada Jesús Vera Ipenza, quien comunicó sobre los 218 militares que cumplieron funciones.

Tras confirmarse el reconocimiento, el Ministerio Público podría individualizar a los militares que se encontraban en funciones cuando 10 personas fueron asesinadas tras recibir disparos de proyectil de Galil. Este fusil de largo alcance portaban los efectivos de de la Segunda Brigada de Infantería Wari, según La República.

ZONAS DE LA MASACRE

Asimismo, el diario La República hizo un reconocimiento de las patrullas del Ejército que se encontraban en los lugares donde se produjeron los asesinatos de diez de las víctimas.

Leonardo Hancco Chacca recibió un disparo en el tórax en el complejo arqueológico Conchopata, aledaño al aeropuerto de Ayacucho. Allí se encontraban las patrullas N° 10 (7 efectivos), N° 16 (10 efectivos) y N° 18 (11 efectivos). Mientras que Clemer Rojas García y Josué Sañudo Quispe fueron asesinados en la prolongación Amancaes, a dos calles de la pista de aterrizaje. Allí estaban ubicados los efectivos de las mismas patrullas N° 10, N° 16 y N° 18. En el cruce de las avenidas Evitamiento y Ejército, estuvieron las patrullas N° 10, N°16 y N° 18, donde cayó Jhonatan Alarcón Galindo.

CADENA DE MANDO

De acuerdo a la citada publicación, el reglamento sobre el Uso de la Fuerza (RUF) prohíbe al personal militar hacer uso de su armamento, excepto en situaciones extremas como la amenaza de pérdida de vidas humanas. Por ello, de la lista de militares mencionada, ninguno habría podido usar sus fusiles Galil sin que hayan recibido previamente alguna orden de sus superiores.

Una de las interrogantes que deberá resolver la Fiscalía a través de las declaraciones de los miembros de las patrullas identificadas es quién fue la autoridad que ordenó disparar indiscriminadamente. Además, tendrá como tarea cruzar información con los resultados de las pericias balísticas forenses.

Según la misma publicación, también se ha dado inicio a la realización de pericias balísticas, necropsias y reconocimientos médicos legales correspondientes. A la fecha, la Fiscalía cuenta con al menos once investigaciones abiertas en torno a los asesinatos ocurridos a nivel nacional durante las protestas contra el actual régimen de Dina Boluarte.

Continúa la criminalización de luchadores populares /Exigen libertad de detenidos y abolición de las altas condenas

El Juez de la dictadura Raúl Justiniano dictó prisión preventiva por 18 meses a los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa): Estefany Alanya, Alex Gómez, Piero Giles, Fernando Quinto, José Manay y Rocío Leandro a quienes fiscalía acusa de «terroristas» por pedir Asamblea Constituyente y apoyar marchas contra régimen de Dina Boluarte y el Congreso.

Familiares de los siete dirigentes detenidos del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho realizaron plantón para exigir sus libertades y respeto a derechos humanos. Ciudadanos autoconvocados también se hicieron presenta en apoyo a las familias y detenidos en las inmediaciones del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria donde se realiza la lectura de la resolución judicial del pedido de prisión preventiva de 18 meses presentado por el Ministerio Público.