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La organización vinculada a 1.7 toneladas de cocaína realizó movimientos financieros superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones; además, acumuló inmuebles, vehículos, embarcaciones, armas y joyas
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organización criminal transnacional que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con la Operación Leopardo.
La acusación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
El grupo tiene comprometida su responsabilidad penal según la investigación realizada por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido.
La estructura criminal operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como centros de recepción, almacenamiento y despacho de sustancias narcóticas.
En sus operaciones recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, los transportaba por tierra, almacenados en inmuebles vinculados a sus integrantes y trasladadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
El órgano acusador solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes. Asimismo, que al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados a los hechos imputados.
Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, fueron ejecutados 17 allanamientos simultáneos, durante los cuales se ocuparon otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento comercial Drinks Súper Fría, ubicado en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambas operaciones permitieron vincular a la organización con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Según la investigación, Moisés Severino Inirio ejercía la función de principal coordinador logístico de la estructura; Pedro Luis Cordero Espinal, labores de coordinación internacional, y Daniela Sthefany Amancio Olaverría, funciones financieras y logísticas. Otros acusados desempeñaban tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes.
Los análisis financieros incorporados a la acusación permitieron al Ministerio Público identificar ingresos y fondos movilizados superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.
La investigación identificó patrones propios del lavado de activos, entre ellos, depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, utilización de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, especialmente USDT en la red TRC20.
El Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes, valores, productos financieros e instrumentos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas de la organización criminal. Entre los principales activos identificados se encuentran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida mediante una operación de US$820,000.
También, un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en el municipio San Antonio de Guerra y un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana. Además, de varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Asimismo, las embarcaciones “Beto III” y “Fish On”, y la embarcación “Lucifer”, utilizadas para transportar el cargamento de 1,027.15 kilogramos. Además, varios vehículos de diferentes tipos y marcas, incluyendo camionetas, yipetas y motocicletas, entre otros medios de transporte, así como armas de fuego, entre las que se encuentran pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y numerosas municiones.
El Ministerio Público solicita, igualmente, el decomiso de relojes de las marcas Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, así como cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea.
Además, un lote de cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
La acusación sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades económicas lícitas.
El caso se sustenta en una investigación conjunta desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).
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