Por Dr. Ramón Ceballo
La salud mental en la República Dominicana ya no puede seguir siendo el eslabón olvidado del sistema sanitario. Con una estimación de que cerca del 20 % de la población padece algún trastorno mental. En 2024 se registraron 651 suicidios, un promedio de 54 por mes, y más de la mitad de esos casos (59,5 %) estuvieron relacionados con trastornos mentales.
Además, la prevalencia de trastornos de ansiedad se estima en 5,7 %y la de depresión en 4,7 %, cifras que reflejan una tendencia sostenida al alza. A esto se suman las muertes por accidentes de tránsito, muchas de las cuales están asociadas a factores de salud mental como el estrés, la impulsividad, la fatiga o el consumo de sustancias.
Estos datos confirman que el deterioro del bienestar psicológico no solo afecta la vida emocional de las personas, sino que también incide directamente en la seguridad vial, la productividad y la estabilidad social del país.
La violencia extrema, expresada en feminicidios, filicidios e infanticidios, constituye una de las manifestaciones más dolorosas de la crisis de salud mental que atraviesa la República Dominicana. En los últimos quince años, más de 1 300 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras múltiples casos de padres o madres que acaban con la vida de sus hijos reflejan patologías mentales sin diagnóstico ni tratamiento.
A ese fenómeno se suma una tasa de deserción escolar, que ronda el 12 – 15 % en secundaria, entre adolescentes de 15 a 17 años, se agrava por problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, limitando oportunidades y perpetuando desigualdades. la falta de cobertura laboral significativa en salud mental favorece el ausentismo y la precariedad, lo que agrava aún más el panorama.
Cada caso revela la ausencia de atención temprana, la debilidad de las redes comunitarias y un sistema de salud mental colapsado, la urgencia de actuar es manifiesta.
Estas tragedias, marcadas por el desequilibrio emocional, la desesperanza y la falta de contención social, estremecen a la nación y evidencian una profunda fractura en el tejido psicoafectivo. Cada caso es el reflejo de un Estado ausente, de redes comunitarias débiles y de un sistema de salud mental en colapso. Las cifras no admiten demoras, la urgencia de actuar es impostergable.
Otro dato alarmante es el déficitde profesionales especializados. El sistema público de salud dispone de apenas 467 psicólogos, y a nivel nacional solo existen 210 psiquiatras, muy pocos de ellos en el sector público, para una población superior a 11 millones de habitantes. Esta carencia imposibilita una atención adecuada y oportuna, dejando amplios sectores sin apoyo terapéutico.
La Ley 12-06, que establece los lineamientos para la atención integral en salud mental, permanece prácticamente incumplida por la falta de recursos presupuestarios y de personal calificado. Su inejecución limita los programas de prevención, rehabilitación y protección de derechos de las personas con trastornos mentales.
A esta precariedad se suma una grave deficiencia del sistema de seguridad social, que no incluye cobertura para la atención de salud mental ni para los medicamentos esenciales. Esta exclusión agrava la crisis, pues quienes requieren tratamiento y seguimiento profesional quedan desprotegidos, aumentando el riesgo de recaídas, complicaciones y consecuencias sociales severas.
Cada hecho revela la ausencia de atención temprana, la debilidad de las redes comunitarias y el colapso del sistema de salud mental.
Frente a esta realidad, resulta impostergable un Pacto Nacional por la Salud Mental, que integre al Estado, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones académicas en una estrategia común. Este pacto debe priorizar la prevención, la atención integral, la rehabilitación psicosocial y la reinserción comunitaria, garantizando presupuesto, cobertura, educación emocional y políticas públicas sostenidas.
La salud mental no puede seguir siendo tratada como un asunto individual o secundario, sino como un desafío estructural de Estado. Cada suicidio, cada feminicidio o filicidio no es solo una tragedia familiar, sino un síntoma de un modelo social que ha normalizado la indiferencia.
Romper ese silencio institucional y social es hoy un deber moral. Apostar por la salud mental es apostar por la vida, por la convivencia y por la dignidad humana en el corazón mismo de la República Dominicana.
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