Por Doctor Ramón Ceballo
En la República Dominicana, la psicosis constituye uno de los trastornos mentales más graves y, al mismo tiempo, uno de los más invisibilizado. Lejos de ser únicamente un problema individual o familiar, la psicosis pone en evidencia una profunda deuda estructural del sistema de salud pública dominicano en materia de salud mental.
A pesar de que sus manifestaciones clínicas, delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado y conductas extrañas, impactan de manera severa la vida de quienes la padecen y de su entorno, el abordaje institucional continúa siendo tardío, fragmentado y excesivamente centralizado.
Desde el punto de vista clínico, la psicosis implica una ruptura con la realidad que deteriora gravemente la capacidad de la persona para estudiar, trabajar y sostener vínculos sociales estables, profundizando así su exclusión y vulnerabilidad social.
A los síntomas más visibles se suman los llamados síntomas negativos, tales como, aislamiento, apatía, pérdida de motivación y empobrecimiento emocional. Estos últimos son los que más deterioran la funcionalidad a largo plazo y se consolidan cuando no existe atención temprana ni seguimiento contínuo.
En la República Dominicana, las estadísticas disponibles, aunque limitadas, revelan la magnitud del problema, aproximadamente el 23 % de las personas que solicitan servicios de salud mental en el sistema público lo hacen por esquizofrenia, uno de los principales trastornos psicóticos.
Esta cifra no representa la prevalencia poblacional, sino la carga asistencial que generan los trastornos psicóticos dentro del sistema sanitario. Esta estadística alta de la esquizofrenia en las consultas se explica por la naturaleza de la psicosis. Estos trastornos tienden a manifestarse en forma de crisis recurrentes.
Las personas con psicosis requieren atención especializada, pues presentan recaídas frecuentes, por lo tanto, necesitan hospitalizaciones repetidas y son resistentes al tratamiento. Aunque menor en número poblacional, utilizan de manera intensiva los servicios psiquiátricos públicos.
No es casual, entonces, que la esquizofrenia sea una de las principales causas de hospitalización de salud mental en el país. Esto evidencia un modelo de atención reactivo, centrado en la crisis, más que en la prevención y el acompañamiento comunitario.
La falta de detección temprana y continuidad terapéutica empuja a las personas a ciclos repetidos de descompensación, internamiento y abandono del tratamiento. La evidencia científica indica que la psicosis afecta a hombres y mujeres en proporciones similares, pero no de la misma forma ni en el mismo momento de la vida.
En los hombres, el inicio suele producirse entre los quince y veinticinco años, con mayor deterioro funcional y mayor asociación al consumo de sustancias. En las mujeres, el debut suele ser más tardío y con mejor respuesta inicial al tratamiento.
A este panorama se suma el componente hereditario. La psicosis no se hereda de forma directa, pero existe una vulnerabilidad genética que, combinada con factores sociales como pobreza, violencia, desempleo y consumo de drogas, incrementa el riesgo.
En la República Dominicana, estas condiciones estructurales actúan como detonantes del trastorno. El estigma social sigue siendo una barrera decisiva. En muchas comunidades, la psicosis se asocia a peligrosidad o castigo, retrasando la búsqueda de ayuda y profundizando el aislamiento.
La enfermedad termina siendo gestionada por las familias o por la coerción institucional, debido a la ausencia de políticas públicas eficaces. Por lo tanto, abordar la psicosis como problema de salud pública exige un cambio de enfoque que fortalezca la atención primaria, desarrollando servicios comunitarios y garantizando continuidad terapéutica son opciones, de urgencias.
Mientras la salud mental siga siendo marginal en la agenda pública dominicana, el sistema seguirá llegando tarde, y llegar tarde siempre significa más crisis, más hospitalizaciones y más vidas quebradas. Invertir en prevención, educación y acompañamiento temprano permitiría reducir costos, sufrimiento y exclusión social.
La psicosis, tratada a tiempo, no condena a la marginalidad. Ignorarla, en cambio, perpetúa un modelo sanitario ineficiente que castiga a los más vulnerables y normaliza la emergencia como única respuesta institucional del sistema público.
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