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Por Becker E. Márquez Bautista
Se terminó el 2025 e iniciamos el 2026. Se aproximan fechas electoreras, pero no podemos cerrar definitivamente el ciclo anterior sin revisar las cuentas y afrontar la realidad de la «cuesta de enero».
La República Dominicana se aproxima a un horizonte complejo. Aunque las cifras de los organismos internacionales suelen ser optimistas, muchas veces parecen aproximarse más a una hipótesis remota que a la realidad que se vive en las calles y en los hogares dominicanos. Existe una brecha peligrosa entre el crecimiento macroeconómico que se anuncia y la calidad de vida que el ciudadano percibe.
Es imperativo que los diferentes sectores de la vida nacional —empresarios, partidos políticos y sociedad civil— se sienten a discutir una reforma integral. La urgencia mayor recae en la reforma tributaria; la realidad es alarmante: según proyecciones para el periodo 2025-2026 basadas en datos de la DGII y Digepres, por cada 100 pesos recaudados, entre 24 y 29 pesos se destinan exclusivamente al pago de intereses de la deuda pública.
Esta cifra representa más de una cuarta parte de los ingresos fiscales y muestra un incremento preocupante respecto a años anteriores. Este drenaje de recursos limita severamente el margen de maniobra del Estado para invertir en áreas cruciales como salud, educación, agricultura e infraestructura. Consolidar una economía sobre «columnas de barro» no nos garantiza una estabilidad sólida ni duradera.
A este panorama se suma la crisis del sector eléctrico, un verdadero «barril sin fondo» y el mayor dolor de cabeza de las administraciones de turno. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025 el Gobierno destinó más de 62,000 millones de pesos al subsidio eléctrico, lo que representa cerca del 60% de la totalidad de los subsidios estatales ejecutados en dicho período.
Es motivo de profunda preocupación que, entre enero y mayo de 2025, las EDES reportaron pérdidas del 41.7% del suministro. Resulta urgente realizar una mayor inversión pública en las redes de distribución y combatir con firmeza los fraudes y las conexiones ilegales. Sin resolver esta fuga de capital, cualquier intento de saneamiento fiscal será insuficiente.
Este escenario nos coloca frente a un futuro incierto. La postergación de soluciones estructurales ha creado una olla de presión social que no admite más dilaciones. El país no puede seguir navegando en la improvisación o el endeudamiento infinito; sin un pacto fiscal genuino, corremos el riesgo de comprometer la soberanía económica y la paz social.
De cara al 2028, el panorama electoral se presenta como una encrucijada determinante. No se trata solo de un cambio de rostros, sino de una prueba de fuego para nuestra democracia. Si para entonces no hemos cimentado las bases de una economía real y menos dependiente, el 2028 no será una simple cita electoral, sino el momento en que las futuras generaciones nos pedirán cuentas por no haber tenido la visión de transformar el Estado cuando todavía era posible.
Finalmente, quiero aprovechar este medio para solicitarle al Sr. Presidente Luis Abinader que proceda a convocar a todos los sectores mencionados. Es imperativo que los liderazgos políticos asuman públicamente el compromiso de enfrentar este problema que nos asfixia a todos. Debe prevalecer el interés nacional por encima del interés personal. Asimismo, los medios de comunicación deben comprometerse a ser el canal informativo veraz que oriente y eduque a la población en este necesario proceso de transformación.
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