
Hombres armados atacaron a Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del resguardo Kwesx Yu Kiwe, en el municipio de Florida, Valle del Cauca. En el mismo ataque murieron Andrés Machín, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el comunero indígena Hamilton Daniel
Gutiérrez fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció al día siguiente debido a la gravedad de sus heridas. El otro escolta, Jhon Lemus, permanece en estado crítico.
En un comunicado, el Consejo de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca (NASAWESX DXIJ), el resguardo KEW SX YU KIWE y las 27 autoridades tradicionales de los municipios de Florida, Pradera, Cali y Jamundí expresaron su dolor por la muerte del líder.
«Lamentamos el sensible fallecimiento, en horas de la madrugada del 2 de agosto, de nuestra autoridad Julián Mauricio Gutiérrez Grajales».
La líder indígena Aida Quilcué rechazó el crimen y advirtió: «La persecución contra los pueblos indígenas y sus liderazgos ya comenzó. Alertamos a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la MAP/OEA y a los organismos de derechos humanos. Exigimos protección inmediata e investigaciones eficaces para que estos hechos no se repitan».
De acuerdo con Leonardo González, director de Indepaz, este asesinato eleva a 88 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año. Además, el hecho constituye la masacre número 78, al sumar las otras víctimas.
González también recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas por el riesgo que representan los grupos armados en la región.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, condenó el atentado y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar a los responsables.
No obstante, la mandataria anunció que, dentro de los preparativos para la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, no permitirá el ingreso de grandes contingentes de personas, caravanas o multitudes, argumentando la crisis sanitaria que atraviesa la capital vallecaucana.
Esta decisión generó rechazo entre sectores sociales y políticos, que consideran que detrás de la medida se esconden actos de segregación y racismo.
El congresista del Partido Verde, Duvalier Sánchez, criticó: «Para la gobernadora hay ciudadanos de distintas categorías. Los del Cauca, los colombianos, no pueden entrar al Valle. Eso es segregación y racismo».
Por otro lado, la representante a la Cámara por el Valle, Ana Erazo, denunció el ataque contra el diputado del Pacto Histórico Yesid Sandoval, quien resultó ileso tras ser agredido dentro de su vehículo. Erazo exigió a la gobernadora y a la Policía esclarecer los hechos y brindar protección a los integrantes del Pacto Histórico.
Finalmente, la ministra de Defensa encargada, Ángela López, informó que para el 7 de agosto, día de la posesión presidencial de De la Espriella, se desplegarán 11 mil efectivos de la Fuerza Pública.
Fuente: Colombia Informa







