El descontento generalizado, a raíz de una decisión que consideran inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno sobre el contrato ley 406 que da vigencia las operaciones de minera Cobre Panamá, ha mantenido a los panameños en protesta y cierres de calles en todo el país en su tercera semana. Ya que en la administración del presidente Laurentino Costizo además de la impositiva política extractiva ha estado involucrado en actos de corrupción e incumpliendo con ley de transparencia y por el alto costo de la vida. Las acciones de rechazo al proyecto minero ubicado sobre el Corredor Biológico Mesoaméricano CBM ha tenido como característica paros laborales, escuelas cerradas y la suspensión de los desfiles patrios.
La exigencia popular es que se cierre la empresa Minera Panamá hasta tanto no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las seis demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato. A sabiendas que el procurador de la Administración, Rigoberto González, expresó que es inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 que aprueba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Como también lo hizo el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, opinando que la Ley 406 que adopta el contrato minero es inconstitucional.
Pese a la aprobación posterior a la ley 407 por parte de la Asamblea Nacional sobre la moratoria a 11 concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño de 15 registradas 4 de ella quedan por fuera de los efectos legales: Minera cobre Panamá, Petaquilla Gold (Coclé / Colón) y dos concesiones de la empresa Veragold (Veraguas).
La actividad minera para Panamá es totalmente desproporcionada en un país pequeño (74 000 km2), tropical, de altísima biodiversidad y dependencia de los ecosistemas, vulnerable al cambio climático y con 52 cuencas hidrográficas.
El posicionamiento del gobierno de turno sobre la vigente Ley 406 aprobada en 72 horas y la noche del 20 de octubre y promulgada a tambor batiente ha decaído y descartado por la opinión pública. El aporte mínimo anual de la minera al Estado por 375 millones de dólares junto a los 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos es categorizada de imprecisa, insegura hasta de falacia.
Las acciones de protestas continuarán hasta que se derogue la ley 406 o la Corte Suprema de Justicia emita fallo de inconstitucionalidad al contrato minero con mayor prontitud. Diversos frentes de lucha ante los efectos de la escasez de alimentos y medicamentos han sugerido a los manifestantes la apertura de un corredor humanitario. Mientras tanto organizaciones de derechos humanos mantiene las investigaciones sobre actos de violación de derechos humanos en algunos bastiones de lucha en donde las fuerzas del orden público reprimieron en la primera semana de paralización nacional. Es importante mencionar la fuerte campaña mediática que ha ejercido el gobierno, la partidocracia criolla y algunos medios de comunicación pagados por el sector minero y en defensa de las elites de poder económico.
Fotografías
Disidentes de la minería
Fuente Radio Temblor /Resumen Latinoamericano
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