Congresistas demócratas y republicanos investigarán ataques a narcolanchas como crímenes de guerra
Donald Trump confirmó que conversó por teléfono con el líder venezolano, Nicolás Maduro, el 21 de noviembre, aunque evitó dar detalles: «No diría que fue bien o mal, fue una llamada telefónica», dijo. Ni la Casa Blanca ni el Gobierno venezolano han comentado públicamente el contenido de este inusual intercambio, facilitado –según las filtraciones– por Brasil, Qatar y Turquía. Caracas habría pedido una segunda llamada después de que Trump declarara el espacio aéreo venezolano «cerrado en su totalidad», pero Washington no respondió.
Mientras algunos interpretan la filtración de un supuesto ultimátum a Maduro como una señal de endurecimiento, analistas y fuentes dentro de Venezuela se muestran escépticos. «Maduro y la mayoría de su círculo ven las amenazas militares de EE UU como un ‘bluff'», aseguró una fuente al «Wall Street Journal». Razones no les faltan: el mandatario venezolano ha sobrevivido a protestas masivas, a una crisis económica sin precedentes, a un atentado en 2018 y a múltiples campañas de presión internacional, incluida la impulsada durante el primer mandato de Trump.
Más de 80 muertoss
En paralelo al episodio del ultimátum, Washington enfrenta una creciente controversia por una serie de ataques con misiles contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, operaciones que ya han dejado más de 80 muertos. La Administración Trump asegura que se trata de «narcoterroristas» vinculados al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, organizaciones designadas recientemente como terroristas por EE UU. Sin embargo, investigaciones de «The Washington Post» y de la agencia Ap cuestionan esa versión: algunos fallecidos transportaban drogas, pero no eran líderes criminales ni integrantes de cárteles, sino pescadores o contrabandistas.
La polémica escaló después de que «The Washington Post» informara que Pete Hegseth, secretario de Defensa, habría ordenado a sus subordinados «matar a todos» los ocupantes de una embarcación vigilada el 2 de septiembre. Según el diario, un primer ataque dejó dos sobrevivientes aferrados a los restos del bote, y el almirante Frank M. Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales, habría ordenado un segundo misil para cumplir las instrucciones de Hegseth. El Pentágono calificó las acusaciones de «fake news», insistiendo en que los ataques fueron «legales bajo el derecho estadounidense e internacional».
Los ataques serán investigados
A pesar de esa defensa, las dudas se acumulan. Dos senadores –el republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed– anunciaron que el Comité de Servicios Armados del Senado abrirá una investigación sobre los ataques. En un comunicado conjunto afirmaron que ejercerán «una supervisión rigurosa» para esclarecer los hechos. El senador demócrata Tim Kaine, quien ya había impulsado una resolución para exigir autorización del Congreso antes de una acción militar en Venezuela, aseguró que reintroducirá el proyecto, convencido de que ahora tendría más apoyo bipartidista.
Varios funcionarios actuales y antiguos han expresado preocupación sobre la legalidad de las operaciones. La NBC reportó que un alto abogado militar que cuestionó la interpretación legal del Gobierno fue marginado, y el almirante Alvin Holsey –encargado de supervisar los ataques– abandonó su puesto en octubre tras expresar dudas internas. En México, un ataque similar frente a sus costas llevó a la Marina a iniciar labores de búsqueda y rescate, mientras gobiernos de la región y autoridades venezolanas han calificado los bombardeos de «ejecuciones extrajudiciales».Play Video
La presión de Washington coincide con una nueva fase de confrontación política en Venezuela. Maduro ha sido acusado repetidamente por Trump de liderar el Cartel de los Soles, una red de oficiales militares supuestamente vinculada al narcotráfico. El mandatario venezolano respondió este domingo con una carta dirigida a la OPEP, en la que acusó a EE UU de intentar «apropiarse de las mayores reservas de petróleo del planeta mediante el uso letal de la fuerza militar».
Fuente: La Razón
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