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Por Becker Márquez Bautista
En la República Dominicana, la sensación de que el libertinaje se ha apoderado de las calles y permeado profundamente el tejido social es cada vez más palpable. La lucha por contrarrestar este desorden social se presenta como un desafío arduo y complejo, que exige un abordaje integral y sostenido.
El término «libertinaje» en este contexto trasciende la mera libertad individual y se manifiesta en la falta de respeto por las normas, la transgresión de las leyes y la erosión de la convivencia cívica. Lo observamos en el caos vehicular que paraliza las ciudades, en la contaminación acústica que perturba la tranquilidad, en la ocupación indiscriminada del espacio público y, en general, en una cultura donde el individualismo exacerbado parece prevalecer sobre el bienestar colectivo.
En la República Dominicana, persiste una resistencia palpable a abrazar un modelo de orden y paz. Un sector de la ciudadanía parece aferrarse a la familiaridad del caos, el desorden y el libertinaje, apostando por una filosofía del «sálvese quien pueda» y una continua falta de respeto hacia el imperio de la ley, obstaculizando así los esfuerzos por construir una sociedad más cívica y armoniosa.
Esta realidad no surge de la nada. Factores históricos, socioeconómicos y culturales han contribuido a la consolidación de estas prácticas. La debilidad institucional en el pasado, la falta de una educación cívica robusta y, en ocasiones, una cierta tolerancia social hacia el incumplimiento de las normas han creado un caldo de cultivo donde el libertinaje encuentra terreno fértil para expandirse.
La lucha contra este desorden social es compleja porque implica confrontar hábitos arraigados y desafiar una cultura permisiva. No se trata únicamente de aplicar la ley con mayor rigor, aunque esta sea una parte fundamental de la solución. Requiere también un cambio profundo en la mentalidad ciudadana, fomentando una mayor conciencia sobre la importancia del respeto a las normas para el funcionamiento armonioso de la sociedad.
Las iniciativas que buscan imponer orden a menudo se enfrentan a la resistencia de quienes ven en las regulaciones una restricción innecesaria a su libertad. Superar esta resistencia exige un ejercicio constante de pedagogía social, explicando los beneficios del orden para todos y construyendo un consenso sobre la necesidad de acatar las reglas de juego.
En este escenario, el rol de las autoridades es crucial. No solo deben garantizar la aplicación efectiva de las leyes, sino también liderar con el ejemplo y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas que fortalezca la confianza ciudadana. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. La sociedad civil, las familias y las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la formación de ciudadanos responsables y respetuosos.
La batalla contra el libertinaje en la República Dominicana es una maratón, no una carrera de velocidad. Requiere paciencia, perseverancia y una visión a largo plazo. Implica invertir en educación, fortalecer las instituciones, promover una cultura de legalidad y, sobre todo, fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva donde el bienestar de la comunidad prevalezca sobre los intereses individuales desmedidos. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido será posible revertir esta tendencia y construir una República Dominicana donde el orden y el respeto sean la norma, y no la excepción.
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