Santo Domingo.-El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción a tres de los trece imputados del caso Coral 5G y ratificó la prisión preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou.
Durante la revisión obligatoria del caso, el tribunal varió la prisión domiciliaria a Esmeralda Ortega Polanco y de ahora en adelante tendrá impedimento de salida y pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo.
Asimismo, César Ramos Ovalles, de arresto domiciliario tendrá impedimento de salida y pago de garantía económica de un millón de pesos.
La abogada de la imputada Esmeralda Ortega, Yoleni Cruz, mostró satisfacción por la decisión del juez, quien acogió la variación de los presupuestos presentados.
Otro de los imputados en este caso, en el que las autoridades señalan como cabecilla al general Juan Carlos Torres Robiou, (FARD), figura José Manuel Rosario Pirón (PN), con prisión preventiva de 18 meses y cuyo caso ha sido catalogado de complejo por la justicia dominicana.
También están bajo las rejas Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista (ERD) y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
Además, el coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) con presentación periódica; Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD) con prisión domiciliaria.
Con arresto domiciliario tienen al primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez.
El procurador adjunto, Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público, valoró que se mantenga la prisión preventiva y otras medidas a la mayoría de los encartados.
La lectura integra de esta decisión será dada por el tribunal el próximo 16 de mayo, mientras que la nueva revisión obligatoria de la coerción será el 14 de junio de este año 2022.
Operación Coral 5G
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
El órgano acusador estima que los involucrados estafaron al Estado con más de 4,500 millones de pesos mediante acciones fraudulentas.
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