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Por Becker Márquez Bautista
El desencanto de los votantes progresistas no es una casualidad; responde a factores estructurales, divisiones internas y al flagrante incumplimiento de expectativas clave. Hoy somos testigos de cómo países históricamente gobernados por la izquierda o la centroizquierda están girando radicalmente hacia la derecha o la ultraderecha. La ciudadanía está desencantada y las razones de esta metamorfosis política son tan claras como alarmantes.
En primer lugar, la corrupción constante en las administraciones de izquierda ha dinamitado la confianza del electorado. Los comportamientos de ciertos líderes tradicionales dan vergüenza ajena, recurriendo al nepotismo como un método de corrupción sofisticada para enquistar a los suyos en el poder. Cuando la bandera de la justicia social se ensucia con los recursos públicos, el desencanto de la población es inevitable y soberano.
Ante este vacío de resultados y el evidente aumento de la inseguridad ciudadana, la derecha ha sabido moldear un discurso a la medida del desespero popular. Utilizan un populismo feroz que se alimenta del miedo a la inmigración ilegal y de la confusión planificada, vendiendo soluciones mágicas y de mano dura a problemas complejos que la izquierda simplemente ignoró.
A esta estrategia se suma un arma letal: el lawfare o la guerra judicial. Sectores de la derecha, en complicidad con jueces que se prestan al juego político, utilizan el aparato de justicia para perseguir y destruir la reputación de sus adversarios. Con este linchamiento mediático-judicial, logran etiquetar de corruptos a líderes incómodos, manipulando la opinión pública y fabricando el escenario perfecto para asaltar el poder.
Hay que resaltar que el lawfare no solo se aplica desde el poder de turno. Existen partidos políticos que ya gobernaron y que, durante sus gestiones, designaron jueces estratégicamente para blindarse; de este modo, ejecutan sus planes en contra de quienes difieren de ellos, al tiempo que utilizan estas estructuras judiciales para debilitar y desacreditar al gobierno vigente con el único fin de asaltar el poder a como dé lugar.
En nuestra tierra, el lawfare se ha practicado de una manera tan especial que se han inventado una supuesta lucha contra la corrupción, mientras bajo su propia sombra ha pasado el escándalo de corrupción más grande que ha habido en los últimos 40 años: el caso SeNaSa. Han orquestado una campaña mediática más falsa que la misma falsedad, vendiendo la quimera de un «Ministerio Público independiente».
La lucha contra la corrupción, el nepotismo, la malversación de los recursos públicos y el manejo desproporcionado de los bienes del Estado hay que combatirlos con coherencia, firmeza y contundencia; esta batalla debe estar asociada a la convicción y a la integridad de quienes ostentan un puesto público. Debemos combatir y denunciar la prevaricación de quienes están llamados a aplicar la ley, y no permitir que se utilice el lawfare como un instrumento antidemocrático para desacreditar al opositor.
A diferencia de otros países, donde la derecha se asocia con los jueces para perseguir a la oposición, en la República Dominicana quienes se han asociado para aplicar el lawfare son, paradójicamente, los corruptos y los corruptores.
Si las fuerzas políticas no limpian sus filas y regresan a la verdadera ética gubernamental, seguirán pavimentando el camino para que el populismo y los tribunales diseñen el destino de nuestra región. Al final del día, la realidad no se tapa con ideologías ni con propaganda.
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