El exmandatario está acusado de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir por los bloqueos que dejaron 16 muertos y pérdidas millonarias
La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el exmandatario Evo Morales, dentro de un proceso iniciado por su supuesta implicación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz
La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, señala a Morales (2006-2019) por los supuestos delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos». La disposición fiscal fue confirmada por una persona cercana al exmandatario.
La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación por estos mismos sucesos.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, los campesinos de La Paz y la COB impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda». Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostuvo que la exigencia era que el Gobierno responda a las demandas de los sectores movilizados.
No obstante, el 24 de mayo, el exgobernante sostuvo en X que Paz tenía solo «dos caminos» ante los conflictos, «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. El conflicto ocasionó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados que obstruían la circulación. Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016. En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La Policía sostiene que espera el momento adecuado para cumplir con la orden de aprehensión.
Fuente: La Razón
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