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Por Becker Márquez Bautista
Soy un ciudadano de Estado; he servido por años al Estado dominicano tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Laboré en Salud Pública, fui oficial de la Armada Dominicana (Marina de Guerra), presté servicio en la aviación civil y en Edenorte, y tuve el privilegio de desempeñarme como agente consular honorífico en Albacete, España, brindando asistencia gratuita y desinteresada a nuestra diáspora dominicana. Por tal motivo, tengo la firme convicción de que debemos asumir el tema de los accidentes de tránsito como un verdadero compromiso de Estado e impulsarlo desde el Gobierno hacia la sociedad.
Muchos de nosotros hablamos de tránsito de manera superficial, casi siempre limitándonos al desahogo cotidiano cuando nos encontramos atrapados en un tapón interminable. Sin embargo, el problema es mucho más profundo. Hablar de movilidad en nuestro país es hablar del no uso del casco protector, de cruzar el semáforo en rojo con total impunidad, del exceso de velocidad, del uso irresponsable del teléfono móvil al volante y del consumo de alcohol mientras se conduce; en fin, de una violación sistemática y diaria a la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta tragedia, la seguridad vial se ha convertido en uno de los mayores retos para los gobiernos y las sociedades a nivel global. Pero en el caso específico de la República Dominicana, las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) son alarmantes: ostentamos una de las tasas de mortalidad por siniestros viales más altas del mundo, donde más del 70% de los fallecidos corresponden a usuarios de motocicletas, afectando principalmente a jóvenes productivos de entre 15 y 34 años. Este es el cuarto artículo que escribo sobre este tema porque mi preocupación debe ser la de toda la sociedad; hoy en día, no hay un solo hogar dominicano que no haya sido enlutado o afectado por un accidente de tránsito.
Es urgente entender que la crisis vial dominicana no se resolverá únicamente construyendo más elevados o imponiendo multas al azar; el verdadero cambio estructural radica en la formación técnico-profesional y la educación de los conductores. La obtención de una licencia de conducir no puede seguir siendo un trámite burocrático o un favor político; debe ser el resultado de un riguroso proceso de capacitación ciudadana. Necesitamos, de manera imperativa, una masa crítica de profesionales especializados en planificación de movilidad y auditorías de seguridad vial. Resulta inaceptable que, existiendo un marco legal, la educación vial no sea aún una materia troncal y obligatoria en nuestras escuelas y colegios, diseñada para moldear la conducta de las futuras generaciones desde la infancia y erradicar de raíz la cultura de la temeridad al volante.
Creo, sin temor a equivocarme, que los partidos políticos que aspiran a gobernar y, por supuesto, el partido de gobierno, deben asumir este tema como una prioridad nacional. La seguridad vial no puede postergarse a un segundo plano. La educación vial debe ser uno de los ejes centrales en los programas de gobierno de todas las organizaciones partidarias y, evidentemente, debe formar parte fundamental de los proyectos legislativos de senadores y diputados.
Ante esta realidad, se requiere con urgencia tomar iniciativas conjuntas que contribuyan a la reducción drástica de los accidentes y, por ende, de las muertes. Las universidades dominicanas deben asumir su cuota de responsabilidad histórica creando programas académicos formales y especialidades en tránsito, movilidad y seguridad vial. Por su parte, el Gobierno central debe estructurar los espacios institucionales idóneos para que estos nuevos profesionales técnicos sean esenciales y lideren las políticas públicas en los organismos correspondientes.
Vamos todos juntos como nación a trabajar de la mano con este tema. Toda la sociedad debe priorizar la solución de este problema que desgarra lo más profundo de la familia dominicana. Es una tarea que convoca de manera obligatoria a los legisladores, al Gobierno central, a los ayuntamientos, al empresariado, a los centros educativos, a los partidos políticos y a todos los gremios profesionales del país. Salvar vidas en las calles no es un asunto opcional, es el desafío cívico más urgente de nuestra era.
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