La Casa Blanca remite un convenio a nueve campus para blindar «ideas conservadoras», restringir protestas y redefinir sexo como «macho, hembra, hombre y mujer según la función reproductiva y procesos biológicos»
El Gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un «Convenio para la Excelencia Académica en la Educación Superior» que fija un decálogo de compromisos como condición para conservar beneficios federales.
El texto, presentado a Vanderbilt, Dartmouth, Pensilvania, MIT, Texas en Austin, Arizona, Brown, Virginia y University of Southern California, arranca con la “igualdad en las admisiones”, que obliga a ignorar género, etnia, nacionalidad o religión tanto para admitir alumnado como para contratar personal.
También ordena “fomentar un mercado de ideas” con un “amplio espectro de perspectivas ideológicas” y contempla la “transformación o abolición de unidades institucionales” que, a juicio del Ejecutivo, “castigan… o incitan a la violencia contra las ideas conservadoras”.
Orden público en campus y voz institucional
El decálogo prohíbe acciones que retrasen o interrumpan clases, el acoso a estudiantes o la obstrucción de accesos por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión, y faculta a las universidades a “emplear la fuerza legal si es necesario”.
Además, impone silencio institucional: el personal, “en su capacidad como representantes de la universidad”, deberá “abstenerse de acciones o discursos en relación a eventos sociales y políticos”, con aplicación “a todas las facultades, escuelas, departamentos, programas, centros e institutos”.
Sexo, deporte y cupos para estudiantes extranjeros
El documento introduce una definición cerrada de sexo: exige «la consideración única y excluyente de los términos ‘macho, hembra, hombre y mujer según la función reproductiva y procesos biológicos’», con traslado a espacios y competiciones femeninas.
En materia migratoria, los visados se supeditan a “talento extraordinario” y apoyo a “valores estadounidenses y occidentales”, con topes: no más del 15% del alumnado de grado podrá ser extranjero y no más del 5% proceder de un mismo país.
Las firmantes deberán congelar la matrícula para estudiantes estadounidenses durante cinco años, reembolsar el primer semestre a quien abandone y publicar empleabilidad y salarios esperados por carrera. En financiación, el convenio convierte a los campus en participantes de programas antilavado, obliga a declarar toda aportación extranjera y prohíbe que ese dinero influya en contrataciones, docencia o admisiones.
El Departamento de Justicia verificará el cumplimiento: incumplir conlleva pérdida de fondos 1–2 años y devolución del dinero público del ejercicio afectado; los donantes privados podrán reclamar sus aportaciones.
La reacción política: choque con California
El gobernador Gavin Newsom advirtió que su estado “no financiará a las universidades” que firmen, por considerar que “traicionan a sus estudiantes, profesores e investigadores y renuncian a la libertad académica”. “Si alguna universidad de California firma este acuerdo radical, perderá instantáneamente miles de millones en financiación estatal, incluidas las becas Cal”, escribió en X.
La ofensiva universitaria es ya prioridad del segundo mandato de Trump, con incentivos y sanciones a centros de educación superior. En paralelo, los tribunales han ordenado restablecer financiación retirada a instituciones como Harvard y UCLA, mientras el Ejecutivo mantiene su amenaza de cortar fondos a universidades que, a su juicio, no protejan “ideas conservadoras”.
Fuente: Antena 3
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